POR UNA IZQUIERDA CIUDADANA
PLEBISCITO CIUDADANO POR LA EDUCACIÓN ¡AHORA!
Pese a la movilización sin precedentes de los últimos meses, el Gobierno persiste en no escuchar las demandas de la ciudadanía. Es visible la creciente y generalizada oposición del país a seguir incrementando los bolsillos de todos aquellos que lucran con la educación y la exigencia de que se reconozca a la educación como derecho humano esencial, lo que la Constitución Política no garantiza, consagrando en cambio la “libertad de enseñanza”: la libertad del capital privado para reconvertir el sistema de educación en una mercancía.
El Artículo 5º de la Constitución dispone que la soberanía reside esencialmente en la nación y se ejerce a través de plebiscitos y elecciones periódicas. Por lo tanto, legislar sobre la materia es un camino viable para recuperar la educación para la ciudadanía. Un grupo de diputados, entre ellos Sergio Aguiló, ha presentado recientemente un proyecto de ley que propone una reforma constitucional a este respecto, incluyendo la posibilidad de convocar un plebiscito vinculante a petición ciudadana. Que el Ejecutivo le dé urgencia, y se apruebe en el Parlamento, sólo es asunto de voluntad política.
Las demandas de los estudiantes, profesores y apoderados son de todos los chilenos. La educación es una materia transversal que claramente puede cambiar el futuro de Chile. La propuesta del Gobierno no ofrece soluciones al problema de la educación en nuestra sociedad, sino por el contrario, lo profundiza: es decir, no pone fin al lucro en la educación, sino que no propone darle rango constitucional. Además, tampoco busca una salida democrática, sino que ha pretendido negar el conflicto, introducir fracturas artificiales en el movimiento y recurrir a la represión policial en su contra, por el sólo hecho de expresar sus opiniones libremente y ejercer su derecho a manifestarse.
Derivar las soluciones al Congreso, negociar con los rectores de las universidades, no considerar a los estudiantes como interlocutores válidos, en circunstancias que han sido los protagonistas y conductores de las movilizaciones, demuestra en forma elocuente el profundo desprecio que este Gobierno siente por la ciudadanía, por sus organizaciones y sus legítimos representantes.
El Gobierno de un país democrático no puede conducirse con políticas autoritarias ni discriminatorias, ni menos favorecer el enriquecimiento sin causa de algunos pocos, ya que esto vulnera el derecho de igualdad ante la ley consagrado en el Artículo 1º de la Constitución. Pero es lo que está ocurriendo en Chile, desde el momento mismo en el que las personas no podemos acceder en forma igualitaria a una educación escolar y universitaria de calidad, que nos permita desarrollarnos plenamente.
Es urgente y necesario que se escuche a la ciudadanía de modo vinculante y más allá de las elecciones periódicas de cargos públicos.
Por lo anterior, exigimos un plebiscito ciudadano vinculante, para tomar definiciones políticas respecto a la educación y otros temas fundamentales para el país por la vía democrática. Repudiamos el lucro y la forma inescrupulosa en la que se vulneran los derechos de nuestros estudiantes, profesores y apoderados, en particular, y los derechos de la ciudadanía en general. Los ciudadanos merecemos ser escuchados.
Nos adherimos entonces al Paro Nacional que ha sido convocado por la CONFECH y por el Colegio de Profesores para mañana jueves 14 de julio, y convocamos a toda la ciudadanía a seguir movilizados.
POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA Y LAICA
¡¡FIN AL LUCRO!!
¡¡PLEBISCITO CIUDADANO AHORA!!
PARTIDO IZQUIERDA CRISTIANA DE CHILE
NO A HIDROAYSÉN, EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO
Partido Izquierda Cristiana de Chile
La construcción de los megaproyectos hidroeléctricos Endesa/Colbún ubicados en la patagonia chilena, producirán la inundación de una innumerable cantidad de hectáreas, esto implicará la destrucción de cuencas, la extinción de especies de nuestra fauna como es el caso del huemul, la afectación de una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo. Todo esto, según estudios realizados por entidades con reconocido prestigio nacional e internacional, que afirman que se producirá una afectación radical del clima que inevitablemente conducirá al derretimiento de los glaciares, por esta razón la aprobación de este proyecto es un motivo de preocupación de la ciudadanía chilena en general, y de las organizaciones ecologistas a nivel mundial, la aprobación de estos megaproyectos, por lo demás no sólo implican la devastación del ecosistema y un enorme perjuicio para el turismo regional, sino que también afectará a ocho regiones del país en las que se encuentran decenas de áreas protegidas, que serán intervenidas con más de dos mil kilómetros de cables eléctricos, innumerable cantidad de torres de alta tensión, y todo esto una vez construido será irreversible.
Los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República, podrían estar siendo vulnerados si este proyecto se llegase a concretar, nos referimos al derecho a vivir en
un medio ambiente libre de contaminación, dispuesto en el artículo 19 Nº 8, norma jurídica en la que la Constitución establece lo siguiente “…es deber del Estado velar por que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza…”, lo que quiere decir que las obligaciones del Estado recientemente mencionadas en esta declaración se están incumpliendo, por tanto, si no es el Estado quien protege nuestra salud, el medio ambiente, nuestros derechos constitucionales y Derechos Humanos ¿quién lo hará si este mismo no cumple el rol que le fue encomendado?, claramente el gobierno está tutelando los intereses de las empresas involucradas que pretenden obtener millones de dólares en utilidades, emanadas de la privatización de NUESTRA AGUA, que es un Derecho Humano. El gobierno impone una política de protección al empresariado, transgrediendo la democracia, y amparando la ley del más fuerte, que son en este caso las empresas implicadas en el asunto, pues efectivamente el pueblo y mucho menos la flora y fauna nacional podremos defendernos de tan aplastante resolución gubernamental. Posteriormente, en el inciso tercero del mismo artículo 19 Nº 8 de la Constitución, el texto legal agrega “… la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos y libertades para proteger el medio ambiente”. Claramente, el Presidente Piñera y su gabinete no están velando para que este derecho no sea vulnerado, ni mucho menos tutelando la protección a la naturaleza, ¿Por qué el Presidente de la República Sebastián Piñera no ejerce dicha facultad con el objeto de cautelar los derechos ciudadanos, constitucionales y humanos que hasta hoy están siendo vulnerados? Por que no hay voluntad política de su parte, pues si quisiera podría utilizar todas las atribuciones le que confieren la Constitución y las leyes.Por otra parte, el gobierno tampoco ha sido capaz de ejecutar una política energética alternativa. Son muchos los proyectos que no han sido considerados, ya que implican inversión Estatal y a largo plazo, pudiendo igualmente enfrentar la demanda eléctrica nacional sin destruir la Patagonia y otros lugares de nuestro país, utilizando las energías eólica, solar y mereomotríz.
Para finalizar, el daño al medio ambiente y las consecuencias que esto último significa no sólo para la flora y fauna nacional, sino que también para la ciudadanía son terribles, un ejemplo de ello es el resultado concreto en la comuna de Puchuncaví, que gracias a la termoeléctrica Campiche situada en la zona de Ventanas, muchas personas han fallecido a causa del cáncer y otras patologías, claramente el impacto ambiental producido por las termoeléctricas a carbón es abismante, y el gobierno no toma cartas en el asunto.
